Desde el 1 de enero, los peajes en Colombia registraron un aumento del 2,78 %, lo que ha generado descontento en diversos sectores de la opinión pública. La ministra de Transporte, María Constanza García, anunció que este martes, 7 de enero, convocará a las concesiones y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para revisar los incrementos contractuales que han causado polémica.
"Durante los últimos meses, la ANI sostuvo reuniones con los concesionarios para buscar alternativas frente al alza contractual. Este martes citaré a la ANI y concesiones para evaluar y tomar decisiones al respecto", expresó García en su cuenta oficial de X (antes Twitter). "Desde que llegamos al Gobierno hemos enfrentado la complejidad alrededor de esta fuente de ingreso para las carreteras, en cuanto al valor de las tarifas, la cantidad de peajes y su ubicación", añadió.
El ajuste aplicado el 1 de enero corresponde al 60 % del aumento pendiente del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023, que fue del 4,64 %. El incremento restante del 1,86 % se implementará el 1 de abril, seguido de un nuevo ajuste relacionado con el IPC de 2024. La ministra explicó que, tras la suspensión de aumentos definida en el decreto 050 de 2023 y la mejora en las condiciones económicas del país, se diseñó una estrategia de normalización para retomar las tarifas ajustadas anualmente según el IPC.
En total, 150 peajes a nivel nacional se verán impactados por estas medidas, de los cuales 31 están bajo la administración del Instituto Nacional de Vías (Invías) y el resto corresponde a carreteras concesionadas. Pese a los esfuerzos del Gobierno por justificar los ajustes, la inconformidad entre los conductores ha aumentado. Esta misma semana, algunos usuarios denunciaron que el peaje de Los Andes, ubicado al norte de Bogotá, experimentó un alza superior al 30 %.
La ANI respondió a estas quejas señalando que los incrementos en las tarifas de ciertos peajes se deben a acuerdos establecidos durante la estructuración de los proyectos de vías de cuarta generación (4G) entre 2014 y 2021. Estos contratos incluyen cláusulas de actualización tarifaria que han empezado a reflejarse en las tarifas actuales.
El malestar generalizado pone de manifiesto un tema recurrente en la infraestructura vial del país: la percepción de que las tarifas de peaje no corresponden a la calidad de las vías. Ciudadanos y gremios del transporte exigen mayor transparencia en los procesos de concesión y más equidad en la distribución de las cargas económicas.
Mientras tanto, las reuniones programadas para el 7 de enero podrían traer ajustes significativos a las políticas tarifarias, ya que el Ministerio de Transporte busca equilibrar las obligaciones contractuales con las demandas de los usuarios. Esta situación resalta la complejidad de gestionar el financiamiento vial en un contexto de alta sensibilidad social y contractual.
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