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Congreso y Gobierno sin acuerdo sobre la reforma tributaria

Este lunes, el panorama para la reforma tributaria en Colombia se complicó aún más, al no lograrse un acuerdo en la mesa de concertación entre los ponentes de la iniciativa y el Gobierno nacional. Lo que se esperaba fuera el inicio de su discusión en las Comisiones Económicas del Congreso quedó en suspenso por falta de consenso.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, confirmó la situación, subrayando la negativa de los congresistas a imponer más impuestos a los colombianos. “Los ponentes no se han podido poner de acuerdo después de muchas sesiones, y hoy, que era la definitiva, no hubo acuerdo. No hay ponencia”, indicó Cepeda. Según él, la complejidad del debate radica en las divergencias internas entre los propios legisladores sobre un tema tan delicado como la carga tributaria.

Un impacto directo en microempresarios y ciudadanos

Uno de los puntos más polémicos de la reforma es la propuesta de eliminar el régimen simple de tributación, que beneficia actualmente a más de 130,000 microempresarios. “Es un golpe a quienes se formalizaron esperando estabilidad y apoyo del Estado. Ahora les decimos que ese régimen ya no va más. Es un mensaje equivocado en un momento de incertidumbre económica”, sostuvo Cepeda.

Otro punto de discordia es el impuesto al patrimonio sobre activos improductivos, cuya definición clara aún no se establece. Según el senador, esto podría dar lugar a interpretaciones arbitrarias por parte de funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), generando inseguridad jurídica y desconfianza entre los contribuyentes.

Cuentas alegres y falta de ejecución

Cepeda señaló que el problema no radica solo en los 6 o 7 billones de pesos que el Gobierno espera recaudar con la reforma, sino en la falta de ejecución de los recursos ya disponibles. “El Gobierno no ha ejecutado 97 billones de pesos y aún tiene pendientes 28.5 billones por falta de recaudo. Se han hecho cuentas alegres que no reflejan la realidad del país”, afirmó.

Críticas al impacto económico de la reforma

La ponencia inicial de la reforma destaca que el contexto económico actual de Colombia no es propicio para implementar nuevas cargas tributarias. Según el documento, después de una contracción significativa en 2023, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) ha sido lento y desigual, alcanzando apenas el 0.7 % en el primer trimestre y el 2.1 % en el segundo.

“El país atraviesa un momento difícil, con un crecimiento por debajo del promedio de los últimos diez años. Imponer más impuestos, especialmente a las empresas, espantará la inversión y reducirá la competitividad”, aseguró un representante involucrado en el debate.

Además, la reforma busca reducir la tasa corporativa de renta de manera diferencial a partir de 2025, pero compensa esta medida con el aumento de la tarifa mínima de renta al 20 % y la extensión del impuesto al patrimonio para personas jurídicas. Esto, según los críticos, mantendría o incluso incrementaría la tasa efectiva de tributación, perjudicando la recuperación económica.

Polémica por el impuesto al carbono

Otro aspecto que ha generado rechazo es el impuesto al carbono, al que algunos legisladores califican como una medida “antitécnica e ideológica”. Según la ponencia, el aumento promedio del 217 % en la canasta de energéticos, especialmente en ACPM, gasolina y carbón, impactará negativamente al sector energético, clave para la estabilidad fiscal y cambiaria del país.

“El aumento en los costos energéticos puede marchitar un sector estratégico para la economía colombiana. Este impuesto no solo afectará a las empresas, sino que también se trasladará a los consumidores, generando un efecto inflacionario”, afirmó uno de los ponentes.

Deuda e inversiones verdes: un riesgo para la sostenibilidad fiscal

El proyecto de ley también plantea ajustes a la regla fiscal para ampliar el margen de endeudamiento, incorporando el concepto de “inversiones verdes”. Aunque esta medida busca fomentar proyectos sostenibles, los críticos advierten que podría desdibujar la sostenibilidad de la deuda pública.

“La deuda por inversiones verdes, si no se ajusta adecuadamente a los parámetros de la regla fiscal, aumentará el riesgo financiero para el país. Esto afectará no solo al Estado, sino también a las tasas de interés para empresas y hogares”, se lee en la ponencia.

Separación de poderes en medio de señalamientos al ministro de Hacienda

En paralelo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, enfrenta cuestionamientos por su presunta vinculación en un escándalo relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Sin embargo, Cepeda fue enfático al señalar que las investigaciones judiciales no interferirán con el trabajo legislativo.

“Son dos carriles diferentes. El Congreso seguirá trabajando llueva, truene o relampaguee, mientras la justicia, como rama independiente, toma sus propias decisiones”, afirmó.

Un desafío político y económico

El presidente del Congreso reiteró que los legisladores no son “notarios” de los proyectos gubernamentales y que su responsabilidad es garantizar que las leyes beneficien al país. “La reforma, en su estado actual, es inconveniente. No genera estabilidad jurídica y agrava la incertidumbre en un contexto económico ya de por sí complejo”, concluyó.

El futuro de la reforma tributaria sigue siendo incierto. Mientras tanto, la discusión queda aplazada hasta que se logre consenso, en medio de un panorama político y económico lleno de tensiones y desafíos.